¿Seguros Ambientales o Pólizas de Caución?


La Ley General del Ambiente de la República Argentina 25.675 (sancionada en 2002) obliga a las empresas que realicen actividades riesgosas a contratar un seguro ambiental. Pero la oferta actual de seguros no cubre las necesidades de las industrias, ya que no transfieren el riesgo.
Ley General del Ambiente 25.675

 ARTICULO 22. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

 Por este motivo, la Unión Industrial Argentina recientemente ha resuelto iniciar un reclamo administrativo impropio, solicitando se deje sin efecto la Resolución Conjunta 98/2007 y 1973/2007 de las Secretarias de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Finanzas de la Nación, así como la suspensión de su aplicación y de los actos de la SAyDS dictados en su consecuencia, hasta tanto se resuelva por acto administrativo definitivo el reclamo mencionado.

Dicha iniciativa es de suma importancia para las industrias y requiere además que individualmente puedan adherir la mayor cantidad de empresas. La problemática reside en que los “seguros ambientales”, que actualmente se encuentran en el mercado, son en realidad pólizas de caución que no cubren a las empresas como si cubren los seguros convencionales. Estas pólizas no transfieren el riesgo porque, por un lado, es muy difícil establecer cuál es el ambiente en un momento determinado para operaciones preexistentes y, por otro, no está definido un límite para la remediación.

Por otra parte, las industrias que se encuentran en el proceso de presentación del PRI (Plan de Reconversión Industrial), exigido por ACUMAR, se encuentran obligadas a contratar este tipo de pólizas. Teniendo en cuenta que esta situación deja expuestas a la PyMes y pone en peligro miles de puestos de trabajo, las mencionadas pólizas tienen un alto costo sobre todo para las pequeñas empresas, arrancan desde $50.000 anuales, lo cual afecta la competitividad de las mismas.

Por este motivo, la central empresaria busca conseguir por ley una mejor oferta de seguros que cubra las necesidades de las industrias y logre transferir el riesgo; para ello necesita la adhesión de la mayor cantidad de empresas y cámaras empresarias para empujar el proyecto.


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